Tres expertos en el mercado financiero advirtieron que el impulso de normativas para regular el tope de las tasas de interés de los créditos y la refinanciación de deudas en Uruguay puede generar inseguridades, rigidez y una pérdida de confianza en el sistema financiero uruguayo y lograr el efecto contrario al buscado, desplazando a un amplio sector de la población hacia el crédito informal.
Barbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU); Julio de Brun, consultor económico en Beca Advisors y expresidente del Banco Central del Uruguay y Alfonso Capurro, socio de CPA Ferrere, coincidieron en un evento organizado por la Academia Nacional de Economía y defendieron, con evidencia teórica y práctica, que las reestructuras forzosas impuestas por ley generalmente no funcionan.
Actualmente, el sistema político abordó la temática del sistema crediticio con dos iniciativas. Por un lado, los proyectos de ley de reestructuración de la deuda de las personas físicas presentados por el Partido Nacional y Cabildo Abierto, que naufragaron en el Parlamento. Actualmente, este partido se encuentra recogiendo firmas para convocar a un plebiscito y reformar la Constitución para prohibir la usura y establecer topes a las tasas de interés.
Por otra parte, en el Senado se aprobó un proyecto de reestructuración de deudas para deudores en Unidades Reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).
Esto genera preocupación entre los economistas, por las consecuencias que puede tener en todo el sistema e inclusive en la pérdida de prestigio de Uruguay.
”La experiencia internacional, inclusive la de Uruguay, respalda lo que sucede cuando se trata de intervenir en el mercado financiero. Si las iniciativas se manejan mal, pueden generar inseguridad jurídica. Nuestro país se destaca por ser bastión de seguridad institucional, social y económica, atraemos inversiones por el respeto a reglas de juego y estos proyectos pueden perjudicar ese camino”, comentó Mainzer.
El crédito en Uruguay como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) es bajo en la comparación internacional (26%). “A nivel macro no tenemos problema de sobreendeudamiento, pero a nivel micro de algunas familias sí lo hay.
La economista apuntó a que en Uruguay hay casi 2 millones de deudores en la Central de Riesgos del Banco Central, de los cuales casi 670.000 se encuentran comprendidos en la calificación 5, catalogados como deudores irrecuperables, pero de ellos un tercio “están al día en otra empresa en la que tienen deudas”.
”Las tasas de interés son altas en muchos casos, pero ello es más bien un síntoma del problema, agrava el problema. Dentro de las causas del problema de sobreendeudamiento están la falta de acceso a empleos de calidad de parte de la población, la falta de educacion financiera y escasa información sobre la capacidad de pago de los tomadores de crédito. Es importante identificar la causa del mismo para poder diseñar soluciones adecuadas. Una solución que no ataca la raíz del problema, nos puede dejar con un problema mayor”.
Para Julio de Brun en Uruguay se está viviendo un “déjà vu” reeditando discusiones sobre la intervención en el mercado de crédito.
”La experiencia uruguaya y la evidencia internacional disponible muestra que estas intervenciones suelen tener efectos colaterales no deseados, no solo para los potenciales prestatarios sino también en términos de fragilidad financiera sistémica”, apuntó.
En relación a la evidencia negativa para las intervenciones en el mercado crediticio, de Brun destacó, por un lado, los topes a las tasas de interés y las restricciones a los mecanismos de recolección de créditos, que según cada caso pueden ocasionar problemas de riesgo moral cuando el deudor percibe que no hay castigo por la mora, retracción del crédito y posterior aumento de las tasas de interés.
”En entornos competitivos el equilibrio cooperativo puede aflorar si la intervención favorece la negociación entre acreedor y deudor”, señaló el especialista.
Por otra parte, analizó lo que sucedió en las crisis económicas de 1982 y 2002 en cuanto a las regulaciones que se impusieron en materia de recolección de crédito.
”Mientras que en el año 1982 se establecieron sucesivas normas de refinanciación y suspensión de ejecuciones, en 2002 se evitaron estas leyes. “Si bien en ambos procesos el crédito cayó inicialmente, con la situación posterior a 2002 agravada por el cierre de bancos, pasada una década tras la crisis de 1982 el crédito no mostraba recuperación y la morosidad permanecía alta, mientras que unos cinco años después de la de 2002 el crédito comenzó a recuperarse, con una morosidad en torno al 2,5%”, apuntó.
Con los antecedentes que marcaron estos hitos, de Brun enfatizó en que es posible establecer mecanismos de negociación, según demuestra la historia uruguaya, sin necesidad de regulaciones adicionales.
La regulación es necesaria para llevar el mercado a un “óptimo”, pero eso no significa que cualquier intervención sea buena, según Alfonso Capurro.
”El mercado es bastante complejo y a la solución de establecer un tope a las tasas se le escapan complejidades al no considerar los riesgos y costos del negocio que pueden tener efectos colaterales negativos difíciles de revertir”, apuntó.
Capurro analizó diferentes modelos de reestructura y dejó abierta la pregunta de cuál es el sistema óptimo para Uruguay. Al respecto, citó a Igor Livshits, asesor económico especializado en deuda de consumo y bancarrota, quien participó de las Jornadas Anuales de Economía del BCU, y mencionó los dos modelos predominantes: el de la Unión Europea y el de Estados Unidos.
Con sus matices, la conclusión es que Uruguay se encuentra próximo al modelo europeo, que concibe que la responsabilidad por endeudamiento se arrastra de por vida y desalienta conductas de riesgo moral, entre otras características.
”Sabemos que la cultura importa en cualquier tipo de regulación, pero hay formas de prever mecanismos de restructura que limiten el riesgo moral”, sintetizó.
